Señor Director

Hago llegar esta carta para hacer algunas precisiones respecto al reportaje "Parque industrial en Mejillones es casi una realidad", publicado en el diario de su digna dirección el domingo 10 de agosto del 2008.

1.- SE TRATA DE UNA TOMA DE TERRENOS COMPLETAMENTE ILEGAL QUE VULNERA NUESTRO ESTADO DE DERECHO: Las 5,8 hectáreas que según manifiesta Luis Le-Blanc constituyen la Primera Etapa del Parque Industrial fueron tomadas ilegalmente por los dirigentes de esa Asociación. El intendente Jorge Molina Cárcamo realizó un acto oficial de firma de un documento de cooperación mutua (Certificado de Interés Público) el jueves 19 de febrero del 2004, jamás una entrega de terrenos (Anexo nota de El Mercurio del viernes 20 de febrero del 2004).  El terreno eriazo donde se llevó a cabo la ceremonia fue tomado posteriormente por el presidente de Agpim, el mismo Le-Blanc, amparándose en la ambiguedad y el crédito que le otorgó el jefe regional. Con respecto a esa situación yo hice tres gestiones: la primera fue una oposición a la tramitación de una concesión onerosa que anunció el intendente Molina (anexo documento debidamente recepcionado). El argumento fue que, de acuerdo a la legislación vigente, el Estado no puede premiar a las personas que actúan ilegalmente tomándose terrenos. Las otras dos acciones fueron sendas denuncias, una ante Contraloría General de la República y otra ante el Consejo de Defensa del Estado. Mi oposición jamás fue tramitada ni respondida. Con respecto a las denuncias, el Consejo del Defensa del Estado, mediante oficio 3954 del 5 de octubre del 2006 (que anexo) me señaló que "...se ha podido determinar que Ud. en el año 2002 hizo una denuncia por los mismo hechos ante la Contraloría Regional de Antofagasta..." la que tras una investigación determinó que "los terrenos objeto de la denuncia no eran fiscales sino particulares. Por lo anterior no es posible acceder a su solicitud ejerciendo acciones judiciales, pues, aún cuando efectivamente existiere la ocupación ilegal advertida por Ud. el Fisco carece de la legitimación activa necesaria para actuar en consecuencia". La respuesta de Contraloría me llegó bajo la forma del dictamen 26260 del 5 de junio del 2006 (que también le anexo). Manifiesta que el organismo "sólo emite informes a petición de las autoridades de Gobierno, de los Jefes Superiores de Servicio y, excepcionalmente, a solicitud de particulares, cuando se les ha denegado algún derecho... circunstancias que no concurren en la especie, motivo por el cual se abstiene de evacuar el pronunciamiento solicitado".

En otras palabras, el Consejo de Defensa del Estado señala que las 5.8 hectáreas que Le-Blanc mantiene ocupadas ilegalmente son de dueños privados (históricos) y que por eso ellos no pueden intervenir. Es decir, si la toma afectara a terrenos fiscales, ellos tendrían que intervenir judicialmente. Entonces ¿cómo Le-Blanc y en su momento el mismo intendente Molina han hablado de concesión onerosa si para eso los terrenos deben ser fiscales? Ahora, lo cierto es que la respuesta de Contraloría es falsa. Lo que yo denuncié ante el Concejo de Defensa fue la ocupación ilegal de Agpim correspondiente al año 2004 y no tiene la más mínima relación con otra presentación que yo realicé ante Contraloría el año 2002, referida a una situación diferente. No obstante esa "equivocación" de Contraloría inhibe la intervención del CDE y protege a las autoridades de la Concertación, porque esta toma ilegal de terrenos ha sido propiciada, desarrollada, ocultada y ha tenido como beneficiarios a políticos de la Concertación. Es tan evidente lo mal argumentada que está la respuesta de Contraloría que ni siquiera se atreven a dármela a mí, que hice la denuncia. A mi Contraloría me señala que la toma ilegal de terrenos no afecta mis derechos personales y que no soy jefe de servicio para pedir investigación.

Todo lo dicho anteriormente lo resumo de la siguiente forma: Agpim a través del diario de su digna dirección señala que están avanzadas las gestiones para el traspaso de terrenos por parte de Bienes Nacionales mediante la concesión onerosa, pero yo sostengo que esas 5,8 hectáreas Agpim las tomó ilegalmente y cuando he solicitado la investigación, la autoridad me ha respondido mediante documentos oficiales que se trata de terrenos históricos. En otras palabras, ustedes están informando exactamente lo contrario que Contraloría le informó al Consejo de Defensa del Estado y que este último organismo me hizo llegar mediante oficio 3954 del 5 de octubre del 2006.

2.- AGPIM TECNICAMENTE NO EXISTE, YA QUE SU PERSONERIA JURÍDICA ESTA REVOCADA DESDE EL 2004: Agpim contaba con una Personería Jurídica emitida el año 1996 por la Secretaría Regional Ministerial de Economía. Este mismo instrumento jurídico establecía los mecanismos para su funcionamiento, como la existencia de un Directorio. Ahora bien, tal Directorio no ha sido elegido desde el año 2004, ocasión en que a pesar que hubo elecciones, no se hizo el respectivo trámite de validación de tal organización gremial. Es por eso que técnicamente, Agpim dejó de existir legalmente a lo menos el año 2004. Esta situación es particularmente grave, por dos motivos. 1.- El tremendo grado de credibilidad de las autoridades para realizar compromisos con organismos fantasmas. Creo que a lo menos las autoridades, antes de comenzar a hacer anuncios o iniciar trámites, debieran verificar que las organizaciones existen. Más aún si ellos mismos son los que otorgan la personería jurídica, por lo que deben limitarse a consultar sus mismos registros. 2.- Es grave que Agpim técnicamente no exista ya que tampoco existen los mecanismos de resguardo para el manejo económico. De hecho Agpim cobra por otorgar acceso a terrenos fiscales (otra práctica abiertamente ilegal). Los interesados deben ponerse al día con las cuotas y la suma por instalarse en terrenos del Fisco alcanza los dos millones. Como Agpim no existe, en el fondo hay particulares que se están lucrando con los terrenos del Fisco. Estos son aquellos que reciben directamente los pagos y que no tienen directorio ni asamblea a la que darle cuenta.

En la información que ustedes entregan hablan de una entidad que no existe y no aclaran que existen personas que han recibido dinero por acceder a terrenos fiscales. Es más, promueven con publicidad tomas ilegales.

EL "PARQUE INDUSTRIAL" NO HA PAGADO UN PESO EN DERECHOS MUNICIPALES, MENOS EN PATENTES. Agpim ha construido kilómetros de cierres perimetrales, no obtantes, el municipio no ha recibido un peso por derechos de construcción. Menos por patente, a pesar que todos están realizando actividades lucrativas. Es más, una parte importante de los negocios que allí se realiza basa su éxito precisamente en el uso del suelo fiscal que es lo único que no le pertenece a estos señores (sus dueños debieran ser todos los chilenos o propietarios históricos). Lo más irritante es que cuando uno consulta a los fiscalizadores: los concejales, éstos responden "no se puede cobrar porque son tomas ilegales" En Mejillones todas las autoridades comunales están incurriendo en notable abandono de deberes, porque su rol es cautelar las arcas públicas, no obstante todos saben de esa toma y nadie hace nada. Menos pueden hacerlo los inspectores municipales, tan drásticos con otros sectores, que dejan completamente impune esa falta de 5,8 hectáreas. Cuando yo he planteado mi molestia por esto incluso me han respondido que en Mejillones no pueden hacer nada, porque hay autoridades y ex autoridades regionales involucradas.

Bien señor Director, eso es lo que le puedo plantear. Me guía el deseo de vivir efectivamente en un país donde se respete el Estado de Derecho. No me cabe en la cabeza por qué en Santiago la Concertación tienen una postura ante las tomas ilegales y en Mejillones otra. Me molestó profundamente la nota en comento por dos poderosas razones: la primera, se pontifica un acto que es totalmente ilegal. Este país está lleno de cosas ilegales. A veces estoy de acuerdo incluso en que se oculte, en que no se denuncie... pero colocarlo como ejemplo... por favor!!. Un segundo elemento es que don Luis Le Blanc es candidato a concejal por la DC en Mejillones y la nota parece una publicidad política. Bueno, le cuento que los vecinos del señor Le-Blanc en esa toma son un candidato a concejal por el partido radical y al lado, un ex concejal del PPD. Es decir, un grupo de políticos de la Concertación que se quieren avivar y agitando las banderas de la Pyme, pasar a su pecunio personal vastas extensiones de terrenos, por el expediente siempre ilegal de la tomas. Espero que prime la grandeza en esa verdadera religión que es informar y que, al menos, se muestren las dos caras de la medalla.

Un saludo afectuoso y una tardías, pero sinceras, felicitaciones por su nominación en tan alto cargo.